Chia, 5 de junio de 2.007Honorables Senadores
Honorables Representantes
Comisiones VI
Senado de la República
Cámara de Representantes
Bogotá D.C.
Referencia: PROYECTO DE LEY 140/06 Senado y 191/06 Cámara.
Respetados Señores:
Conocedores del proyecto de Ley 148 de 2007 por medio del cual, por iniciativa del Ministerio de Comunicaciones, de la manera más respetuosa nos permitimos presentar nuestras consideraciones sobre su inconstitucionalidad e inconveniencia para las Comunidades Organizadas del país.
La Televisión Comunitaria constituye el mayor esfuerzo de democratización en el acceso a la prestación del servicio de televisión y la más numerosa expresión del pluralismo en la generación de opinión en informaciones a los ciudadanos. Cerca de 900 Comunidades en todos los municipios del país, no sólo en las grandes ciudades sino principalmente en los pequeños municipios, constituye una alternativa de servicio de calidad, de acceso a la cultura global y de expresión de la identidad y las necesidades de las comunidades, en muchos casos supliendo la labor del Estado. Todas las mediciones realizadas por la CNTV, el DANE y otros organismos de la mayor seriedad confirman como su atención está concentrada en los estratos 1, 2 y 3, poblaciones que en la mayoría de los casos no tienen capacidad para pagar servicios de índole comercial más costosos, como la Televisión por Suscripción o Satelital.
El Consejo Nacional de Televisión Comunitaria, agrupa las organizaciones regionales de Televisión Comunitaria de Antioquia, el eje cafetero, los Santanderes, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Tolima, Cundinamarca, las cuales representan comunidades que operan desde la Costa Atlántica hasta el Putumayo y desde el Chocó hasta el Casanare. Como lo verificó la misma CNTV recientemente, a través de los ocho foros de televisión comunitaria realizados en el presente año, somos organizaciones reales de carácter ciudadano, comunitario, sin ánimo de lucro y de sentido eminentemente social, ejerciendo nuestros derechos en más de 400 municipios del país.
La Televisión Comunitaria en Colombia ha realizado un esfuerzo enorme de formalización desde 1996. Desde el Consejo Nacional de Televisión Comunitaria nos hemos comprometido con una tarea de capacitación y acompañamiento de las comunidades para que cumplan con la Ley y la regulación vigentes. Mediante un esfuerzo constante hemos realizado una tarea seria de participación y hemos rechazado abiertamente la existencia de servicios piratas u organizaciones de papel que nada tienen que ver con las comunidades, que son reales, que prestan el servicio legalmente, que están sujetas al control del Estado y le tributan y que significan la mejor posibilidad el entretenimiento, diversión sana y expresión de más de 400.000 familias en Colombia, como lo confirmó la Encuesta de Hogares del DANE en el año 2004.
Con todo respeto manifestamos al Honorable Congreso de la República cómo el proyecto en mención significará la desaparición de la Televisión Comunitaria y con ella, la posibilidad de una televisión social y de bajo costo para las comunidades de los estratos de mejor capacidad económica del país.
De un lado, desconoce la iniciativa gubernamental la realidad social y pretende reducir la participación de la sociedad civil a las Universidades, al reducir a esta instancia la posibilidad de elegir al miembro de la Junta Directiva de la CNTV y cercenar la capacidad de elección de las Asociaciones de Televidentes actualmente establecida en el literal d) del artículo 6 de la Ley 182 de 1995, modificado 1 de la Ley 335 de 1996, con el argumento equivocado de que las comunidades organizadas participamos simultáneamente de la elección del miembro de la Junta Directiva establecido en el literal c) de la misma norma, lo cual no es cierto.
Mucho más grave resulta la iniciativa general de definir de manera errada el contenido audiovisual emitido vía cable o satélite como un servicio de valor agregado, de modo que se entiende que son simples datos. Claramente, son mensajes audiovisuales dirigidos a los grandes públicos, con el mismo efecto en la formación de la opinión que tienen las señales que viajan por el aire; con las mismas características de producción, con los mismos propósitos comunicativos de información, de entretenimiento, o de aprovechamiento educativo, cultural y social.
En razón a la reducción en la definición del servicio, que se hace ahora en función de la tecnología empleada y no de su naturaleza, su función e impacto sociales, claramente limitará a la Televisión Comunitaria a ser un servicio de valor agregado, como en efecto establece la ponencia presentada en la Cámara de Representantes.
Dicha definición tiene un efecto perverso al desconocer la verdad. Que nuestro servicio y nuestra producción propia tienen principalmente carácter social, educativo y cultural; de interés público, y eso no deja de ocurrir por el hecho de que las señales transiten vía cable.
Nuestra lucha de años ha conseguido que con el tiempo la CNTV reconozca esta realidad y en virtud de la misma nos haya otorgado derechos de acceso a capacitación y fomento, a programación de televisión pública, a concursar por fondos para producir televisión social, a recibir apoyo en las zonas alejadas, de frontera o de extrema pobreza donde nadie más opera, a tarifas de compensación muy reducidas, que en la mayoría de los casos no superan el 1% de nuestro ingreso anual y a que proteja nuestra naturaleza social y comunitaria. Todos estos derechos desaparecerán al definir que no somos lo que hacemos, y llamarnos de manera equivocada servicios de valor agregado. Sin el apoyo al que tenemos derecho, obligados a una forma de competencia despiadada que no diferencia entre la prestación comercial y el servicio social y sin ánimo de lucro, en medio de la guerra de tarifas del presente, no tenemos ninguna posibilidad de permanecer.
En distintas ocasiones en el pasado, hemos denunciado ante las mismas Comisiones Sextas del Congreso de la República cuando hemos sido críticos de la acción de la CNTV en diversos casos. Sin embargo, también debemos reconocer que a través de su labor ha ocurrido un esfuerzo enorme de democratización del servicio, hemos podido ejercer nuestro derecho a la participación y ser escuchados en varias ocasiones y hemos ganado el reconocimiento de la labor que hacemos y el apoyo para hacerla bien al servicio de las comunidades.
En esta oportunidad, por la vía de una modificación legal que ha sido rechazada por todos los sectores del medio, también a nosotros se nos pretende quitar lo que hemos conseguido para los ciudadanos en diez años de trabajo y que por orden de la Constitución y la Ley hoy nos corresponde.
Con preocupación, por tanto, solicitamos a los Honorables Congresistas nos concedan un espacio en el debate del próximo martes 12 de junio para exponer en detalle las consideraciones por las cuales rechazamos del todo el Proyecto de Ley en mención y las adiciones posteriores y solicitamos además que atendiendo a los argumentos presentados por la Televisión Nacional Abierta, la Televisión Pública Regional, la Televisión por Suscripción y Satelital se archive este proyecto inconsulto, que consideramos improvisado porque en nada corrige las necesidades del sector y muy por el contrario, ahonda las dificultades ya existentes.
Cordialmente,
FERNANDO RIVERA VILLAMIL
Presidente
Con Copia: Señora Ministra de Comunicaciones
Señores Miembros Junta Directiva Comisión Nacional de Televisión.
