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viernes, septiembre 28, 2007

Denuncia Frontino, Antioquia

El Cabildo Mayor de Frontino y la Organización Indígena de Antioquia hacen pública las irregularidades y los atropellos que se están cometiendo contra la población indígena por parte del Ejército Nacional en el municipio de Frontino, específicamente en el Corregimiento de Murri, Resguardo de Chaquenoda.

El 10 de Agosto el ejército llegó a la comunidad de Kiparadó Bajo preguntando por el profesor de la comunidad, como no lo encontraron, se fueron a un tambo en el que sólo se encontraban los niños y el padre, solicitaron una manila o soga, y obligaron al padre a buscarla porque la necesitaban, el embera se tuvo que ir con el soldado, en el camino encontraron otro soldado y ellos se pusieron a conversar con el amigo, situación que aprovechó el embera para irse para la casa de su papá, ya que tenía miedo de que le hicieran algo. La reacción de los soldados fue salirlo a buscar y entraron a otro tambo, y sacaron a uno de sus habitantes mediante maltratos asegurando que era el indígena que se había escapado y lo llevaron hasta el comandante, pero en ese momento se dieron cuenta que habían confundido al indígena.

El 13 de Agosto el ejército se desplazó a la comunidad de San Mateo, donde algunos soldados entraron a un tambo, la reacción de los embera al verlos fue esconderse, además al dueño de este tambo le quitaron la marca de su ganado, porque según los soldados la marca era propiedad de la guerrilla.

En la comunidad de Chontaduro un indígena que se encontraba recolectando el maíz de su parcela fue golpeado, maltratado y acusado de ser guerrillero por estar cerca de un viejo campamento de la guerrilla, los soldados además le prohibieron volver a su parcela bajo la amenaza de que si lo veían de nuevo "no responderían por su vida".

En el paraje El Salado el ejército maltrató, golpeó y sindicó a un indígena que vive allí de pertenecer a la guerrilla, además le robaron los peces que tenía en su estanque, para el ejército su falta es vivir en su territorio, anteriormente ocupado por la guerrilla.

El 22 de Agosto el ejército amenazó un indígena que venía de la comunidad de Cañaverales hacia La Blanquita , con sus dos hijos, mediante maltrato físico y psicológico, y fue señalado como colaborador de la guerrilla, advirtiéndole que si comentaba el hecho con sus autoridades lo mataban.

El 22 de Agosto volvieron a hacer presencia en la comunidad de Kiparadó Bajo y abordaron al profesor de la comunidad que en ese momento se encontraba en la cancha de la escuela vacunando una mula, le exigieron que se desplazara a la escuela junto con el Gobernador Local y un consejero del cabildo, estando en la escuela le preguntaron al profesor qué dónde estaban los víveres de la guerrilla, dónde guardaban las armas, y dónde tenían el ganado. Presionaron al profesor para que les diera información de la guerrilla, pero el reaccionó exigiendo respeto, ya que ellos estaban violando los derechos humanos de la comunidad, entonces se lo llevaron para el salón de materiales, allí tumbaron los libros al suelo y saquearon el mercado del restaurante escolar, y a pesar de haberles dicho que era el mercado de los niños de la escuela le tomaron fotografías inexplicablemente.

Mientras esto sucedía se llevaron al Gobernador para que indicara dónde estaba el ganado de la guerrilla, el Gobernador solo tenía para mostrarles el ganado de la comunidad sin embargo cuando regresaron el ejército indicó que el ganado de la comunidad era de la guerrilla, utilizando este argumento para golpear y amenazar a una autoridad tradicional por ser, según ellos, cómplice de la guerrilla.

Además de la violencia y los abusos de los que fue objeto la comunidad, el ejército se robo dos mulas con sus sillas, según ellos los necesitaban para moverse en la zona. Al día siguiente se desplazaron unos alguaciles de la comunidad para pedir ayuda y encontraron que se habían robado una de las mulas.

Este grupo armado se identificó como ejército del Municipio de Urrao, andaban con un supuesto informante y testigo clave para señalar a cuanta persona se encontraba en el camino como colaboradora de la guerrilla, pero en la comunidad de Kiparadó se identificaron como del Batallón de Infantería Codazzi del Suroeste y el comandante encargado era un individuo de apellido Cardona.

Preocupados con estos hechos se organizó una comisión de interlocución con el ejército integrada por el sacerdote de la localidad, las Hermanas Laura, representantes de la Junta de Acción Comunal de la localidad y delegados de las autoridades indígenas, para solicitar y exigir respeto por las normas humanitarias, por la autoridad indígena, por los bienes personales y comunitarios, además de exigir el respeto a la población civil quienes no pueden ser objeto de ataques militares. Esta comisión salió el 25 de agosto hacia Chontaduro, donde se encontraba ubicado el ejército, pero la comisión fue intimidada por dos soldados quienes amenazaron con dispararles si seguían caminando, a pesar de la amenaza la comisión continuó y fue recibida de manera grosera, desobligante y retadora, cosa normal entre estos grupos armados, pero además acusó a la comisión de ser colaboradores de la guerrilla, atribuyéndose funciones judiciales.

A pesar del ambiente hostil del grupo armado la comisión hizo el reclamo de los hechos de violación de Derechos Humanos de la población civil, e inmediatamente el comandante negó los hechos, en ese instante el padre comenzó a leer de su agenda las normas vigentes y los protocolos del respeto hacia la población civil, pero la actitud del comandante fue reclamar porque no decía las cosas de forma mental ya que sus reclamos surgían de un asesoramiento por parte de la guerrilla.

El comandante llamó a un líder indígena a parte de toda la comisión para que se identificará y de manera desobligante le increpo por ser representante de la OIA , el compañero respondió que el estaba allí para exigir el respeto de su comunidad como población civil y recordarle de los compromisos asumidos por el ejército legalmente constituido en lo concerniente al respeto por la población civil y su incumplimiento y la intensificado de las agresiones a los comuneros y campesinos sobretodo por la ocupación ilegal de bienes públicos y comunitarios como la Escuela Campesina de Chontaduro, poniendo en riesgo a la población civil, especialmente a los niños convirtiéndolos en escudos humanos.

Las organizaciones sociales y étnico-territoriales sentimos que la guerra no es el camino y las armas no son la solución y exigimos a todas las partes involucradas en este conflicto (ejército legalmente constituido, guerrilla y paramilitares de nueva generación), respetar la autonomía de de la autoridades indígenas y sus territorios, parar la confrontación, iniciar conversaciones serias de paz y respetar la población civil y los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Teniendo en cuenta estos hechos, las comunidades indígenas de la zona solicitamos el acompañamiento humanitario permanente de los organizamos nacionales e internacionales de protección, Ong, órganos representativos del sistema de Naciones Unidas, mientras exista la presencia constante del ejército en la zona.

Esta comunicación la hacemos pública y esperamos que sea pública la respuesta.



CABILDO MAYOR INDIGENA DE FRONTINO

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