Acción Grupal Contra Sayco y Acimpro, Diario La Tarde, 04-04-06, Helmer González

Acción grupal contra Sayco y Acinpro Esta vez son unas 200 emisoras comunitarias de todo el país, entre ellas unas 40 que funcionan en todo el eje cafetero, las que decidieron interponer una acción popular contra Sayco y Acinpro, pero sobre todo contra la Unidad de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, por considerar que no hay razón para hacer efectivos los cobros de hasta 4 millones o 5 millones de pesos a este tipo de radiodifusoras.

La demanda fue admitida el pasado 30 marzo por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda.

Diego Fernando Cano, presidente de la Federación de Emisoras Comunitarias de Risaralda y director de Tatamá Estéreo, señaló que las emisoras de ese tipo sobre todo en los municipios de características como las de Santuario, no generan los recursos para hacer efectivo este tipo de pagos, por lo que entraron a alegar la aplicación de una resolución expedida por la Unidad de Derechos de Autor en 1985, según la cual, el pago de las emisoras como usuarias de derechos de autor, no debe exceder los $18.000.

"Las emisoras comunitarias viven de milagro, el director siempre está al frente de la misma y la capacidad económica no da para sostener una emisora con pautas, por eso no hay como pagar esos dineros. Es una situación muy precaria", anotó.

Si bien es cierto que las tarifas o cuentas de cobro que llegan a las emisoras son negociables, éstas regularmente siguen siendo altas y aunque le han solicitado a la Unidad de Derechos de Autor que le dé cumplimiento a la Resolución 0010 de 1985, expedida por esa misma entidad que sólo vigila a Sayco y Acinpro, la misma no se ha mostrado dispuesta a aceptarlo.

Para completar, cuando las emisoras argumentan que no hay dinero, el recaudador de los derechos de autor trata de extender un contrato, lo que deja sin argumentos a quienes quieran pedir la aplicación de la denominada tarifa supletoria.

En los próximos días se espera la realización de una conciliación como parte del trámite normal de la acción popular, la cual debe arrojar un fallo antes de 90 días.