El mundo entero está a la expectativa de las cámaras legislativas de Estados Unidos. De aprobarse, el proyecto de ley "Stop Online Piracy Act" (SOPA) limitará tanto el libre acceso de millones de usuarios a la Internet como la facilidad para publicar contenidos al alcance de todos. Estamos ante un gran dilema: ¿propiedad intelectual y artística es incompatible con la libertad de expresión?
La ley SOPA (en español: "Cese a la piratería en línea"), o Ley H.R. 3261, es un proyecto legislativo introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (26.XI.2011).
Propone combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual, como música o canciones, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no pagan los derechos de autoría o invención; y para conseguirlo, esta ley permitiría que los jueces puedan bloquear inmediatamente el acceso a cualquier sitio web encontrado culpable de albergar material protegido por "copyright".
El impacto de esta ley recaería sobre proveedores de servicios como Youtube, Google o Twitter, ya que todos los sitios se verán obligados a practicar mecanismos de autocensura y a filtrar toda la actividad "online" de sus usuarios para evitar ser bloqueados por una orden judicial.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los sitios web de gran importancia en Internet, como Google, Yahoo!, eBay, Reddit o Creative Commons amenazaron con un "apagón", es decir, con suspender sus servicios por 24 horas... y lo hicieron a la media noche del 18 de enero.
Vayamos al fondo de la cuestión. El proyecto SOPA tiene una premisa oculta. Aunque tiene razón en proteger los derechos de autor, y aunque es correcto que la libertad de expresión no viole la propiedad intelectual o artística, este proyecto propone una medida excesiva que consiste en controlar los medios que hacen posible la libertad de expresión.
Esta posible ley iría más lejos que la ley "Digital Millennium Copyright Act" (DMCA, conocida como "puerto seguro"), aprobada en 1998, que obliga a los dueños de los medios a regular sus contenidos, o en su caso a retirarlos por ellos mismos cuando violen el derecho de los autores. Pues, en su lugar, establecería que se cierren los medios de comunicación donde se publiquen esos contenidos de derechos reservados.
La medida es excesiva. Por miedo a que los derechos de autor no sean violados por parte de algunos usuarios de Internet, los legisladores proponen que todos los medios sean restringidos. Usemos una comparación. Supongamos que en un país democrático, en un departamento un grupo de terroristas se reúne para conspirar; y que para evitar esto, el gobierno decretara que nadie se puede reunir de ahora en adelante, y además clausurara todo el edificio de departamentos.
El hecho de que algunos abusen del derecho de reunión, no justifica que se cancele ese derecho, ni que se limiten los medios que lo garantizan. De igual manera, la situación de que algunos violen los derechos de propiedad intelectual no es razón suficiente para limitar la libertad de expresión.
Restringir los medios que sirven de cauce para la libre expresión conlleva directamente a limitarla, o incluso a suspenderla. El problema inicial sigue pendiente de solución: hay que buscar un mecanismo que sirva para controlar los contenidos que cometan infracciones contra los derechos reservados de contenidos intelectuales o artísticos... pero no al precio de la libertad. (Por Luis Fernando Valdés de columnafeyrazon.blogspot.com – 23/01/2012)
